Profesora agregada en el Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental, en la Escuela Profesora agregada en el Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Forma parte del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad (UPC) y coordina el Laboratorio de Estudios Sociales de Ingeniería Civil (LESEC).
“Tratamos de generar metodologías y marcos de análisis más inclusivos para los colectivos vulnerables en movilidad digital”
“A los procesos de renaturalización se les critica a veces por lo que se denomina gentrificación verde”
“Las restauraciones dunares de los sistemas playa-duna están sustituyendo a los paseos marítimos y a las regeneraciones de arena”
Se licenció en Ciencias Ambientales, y tras obtener el doctorado investiga sobre gestión del territorio y el impacto socio-ambiental lde los proyectos de ingeniería ¿Por qué eligió este tema?
En la carrera tuve profesores de Economía, Sociología y Ciencia Política que me generaron el interés por la componente social de las intervenciones en el territorio. Por eso hice el doctorado con esta visión desde la economía ecológica y la sociología ambiental, estudiando aspectos como la equidad, el impacto social y los conflictos que surgen al realizar intervenciones. Me interesa la percepción y la conciencia ambiental de todos los agentes que participan o se ven afectados por los proyectos o las políticas territoriales y ambientales, y curiosamente ese recorrido me ha llevado a la UPC, quizás porque incorporo a los proyectos de ingeniería esa visión más social, tanto la del usuario como la de los actores locales.
Los proyectos en los que trabaja combinan metodologías de ciencias sociales, naturales y tecnológicas ¿La multidisciplinariedad puede convertirse en un problema en los trabajos de investigación?
Esa combinación y colaboración es un reto. Pero en cuestiones como la sostenibilidad, donde no hay soluciones óptimas, se ha demostrado que esta colaboración, imprescindible, permite acercarse a soluciones más de compromiso, donde la mayoría de los actores salen ganando, la distribución de los impactos es más equitativa y el coste ambiental menor. Es difícil, pero dentro de la UPC, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad nos hemos encontrado un grupo de investigadores con una visión afín que nos permite colaborar en procesos de transdisciplinariedad donde también participa la sociedad de forma activa en las investigaciones. También, en el ámbito del urbanismo este tipo de colaboraciones se da de una manera más natural.
El Laboratorio de Estudios Sociales de la Ingeniería Civil (LESEC) tiene como uno de sus ejes de trabajo el estudio de la gobernanza y gestión del litoral ¿Qué es lo que investigan?
La gestión de litoral ha sido la línea de investigación más constante de nuestro grupo. Analizamos conflictos ligados a cuestiones como la erosión y la subida del nivel del mar y las actuaciones que proponen las administraciones para gestionar estos riesgos. Hay problemas de orden social y político que se suman a los de tipo técnico, y es importante conocer las percepciones y reacciones de la sociedad frente a las intervenciones que se llevan a cabo en el litoral. Y eso es clave para acompañar a nuestros colegas de la ingeniería marítima cuando propone soluciones tecnológicas. También analizamos la gobernanza vinculada a este tipo de procesos, el mapa de quién es quién y cómo se relacionan todos los actores.
¿Mantienen contacto estable con las administraciones y los responsables de la gestión del litoral de Cataluña?
En nuestro trabajo tenemos contacto con los actores principales del sistema de planificación y gestión para poder elaborar nuestros estudios. Y algunas administraciones recurren a nosotras para llevar a cabo estos análisis. Por ejemplo, el Área Metropolitana de Barcelona. De hecho, una de las cuestiones que hemos estudiado es que los actores supralocales, como las diputaciones, los consejos comarcales o la propia autoridad metropolitana, podrían jugar un papel más importante en la gestión del litoral, aunque no tengan las competencias, como aglutinadores y de transmisores de conocimiento muy potentes.
Uno de los términos que manejan en su trabajo es el de soluciones basadas en la naturaleza ¿A qué se refieren?
Es un concepto relativamente nuevo promovido por organizaciones internacionales que le da más fuerza a algunas actuaciones que ya se hacían antes, como la renaturalización o la conservación de los ecosistemas y los servicios que nos ofrecen para hacer frente a retos ambientales globales como los temporales o las inundaciones. Por ejemplo, las restauraciones dunares de los sistemas litorales, que están sustituyendo a los paseos marítimos y a la obra dura basada en espigones o escolleras Ahora se tiende más a restaurar el perfil de playa y duna, siempre que haya espacio, porque contribuyen a protegernos de los embates del mar y a una recuperación de la biodiversidad, aparte de mejorar el paisaje y el atractivo recreativo de la zona. Otro ejemplo de las soluciones basadas en la naturaleza son las restauraciones fluviales, que permiten recuperar la función frente a inundaciones de forma natural, sin canalizaciones artificiales. Esto se ha hecho, por ejemplo, en el parque fluvial del río Besòs. Y también se aplican este tipo de soluciones en algunos parques urbanos o calles de la ciudad, utilizando sistemas de drenaje sostenible, que permite que el agua se infiltre y no haya tanta escorrentía superficial.
¿Se trata de imitar a la naturaleza?
Sí, pero no solo es eso. El proceso para llegar a este tipo de soluciones es importante, porque ahí se incorpora a la sociedad para pensar en el problema de forma colaborativa, buscar la respuesta, aprender, concienciar… Por eso hacemos encuestas de percepción, entrevistas y talleres participativos que nos permiten entender cómo percibe la sociedad todos estos procesos.
¿También se tienen en cuenta la perspectiva de quienes obtienen beneficio económico del litoral a los que pueden afectar las intervenciones?
Claro. Trabajamos con todos los actores del sistema, precisamente para comprender los elementos de conflicto y los puntos de consenso. Es importante que cada uno entienda la visión de los otros, y poner en marcha procesos participativos que involucren a todos. De hecho, a los procesos de renaturalización se les critica a veces por fomentar lo que se denomina la gentrificación verde. Es lo que se teme en la zona de las tres chimeneas de San Adriá, donde está en discusión un plan director urbanístico. Hay miedo a que una intervención de este tipo provoque una alteración del statu quo y que los habitantes de este municipio tradicionalmente de perfil obrero se vean afectados por una especulación urbanística ligada a la mejora ambiental Por ello hay que apostar por enfoques más inclusivos y equitativos.
Esto conecta con otro proyecto de investigación que lidera, Dignity, que aborda el estudio de ecosistemas de movilidad para mejorar la accesibilidad y la inclusión social ¿Cómo puede evitarse que determinados colectivos queden fuera de la transformación digital de movilidad?
Es un problema muy incipiente pero que la pandemia ha visibilizado. Analizamos los riesgos y las oportunidades para la sociedad, poniendo el foco en quienes van a ver la brecha digital ampliada. Tratamos de generar metodologías y marcos de análisis más inclusivos para los colectivos vulnerables en temas de movilidad digital por cuestiones de renta, edad, movilidad reducida, o por vivir en el entorno rural.
¿Y qué soluciones van surgiendo a medida que avanzan en este proyecto?
Bajo el enfoque del Dignity trabajamos en varios niveles: Usuarios, proveedores de tecnología y actores políticos, y el objetivo es conseguir un conjunto de recomendaciones para cada uno. Intentamos que quienes diseñan las herramientas digitales para la movilidad apliquen metodologías que involucren a los usuarios, por ejemplo en el desarrollo de las apps, con herramientas de cocreación y diseño inclusivo. Y con los stakeholders generamos escenarios de futuro para pensar en cómo la digitalización de la movilidad va a afectar a su territorio, y qué medidas deberían incorporarse para que sean más inclusivos. Lo que estamos viendo es que la edad y el nivel educativo son dos de los aspectos que más determinan el riesgo de exclusión digital en movilidad.
Presentó el proyecto Dignity en la pasada edición de la Smart City Expo ¿Cree que quienes lideran el desarrollo de las tecnologías para las smart cities tienen en cuenta planteamientos como el DIGNITY?
Yo quiero pensar que sí. Muchas de las empresas que han probado estas metodologías han visto que obtienen un tipo de conocimiento que les permite mejorar sus productos y servicios. Ven como un valor añadido el colaborar en la mejora de la accesibilidad y la inclusión social aplicadas a la digitalización de la movilidad. Y el coste de involucrar a los usuarios en el proceso es menor, es más una cuestión cultural.
¿Y a nivel político?
Creo que los policy makers no pueden quedarse al margen. Si quieren implementar cuestiones como la T Mobilitat tienen que trabajar en esta línea. El sharing, por ejemplo, tiene un nivel de uso muy bajo. De las personas a las que hemos consultado solo el 10% lo ha probado. Y un 40% de la población no se plantea usar un servicio de movilidad si necesita descargarse una aplicación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta paras diseñar las políticas públicas de movilidad.