Una de las misiones de la universidad, además de la docencia y la investigación, es la colaboración contractual con agentes de la sociedad y del tejido productivo. Aunque ya tenemos una experiencia de años (la primera regulación fue el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1983, y el lanzamiento de la red de Centros de Innovación Tecnológica por parte de la Generalitat fecha de 1999), los profesores e investigadores universitarios, y los grupos y los centros de investigación que hemos iniciado este camino tenemos la sensación de vivir una situación esquizofrénica: por un lado, las autoridades políticas y académicas y los responsables sociales y empresariales valoran muy positivamente esta colaboración y la reclaman; pero, por el otro, todo el entramado de leyes universitarias, normativas y procedimientos administrativos dificultan el desarrollo y acaban constituyendo una pared de difícil superación para llevarla a cabo.
¿Cómo incentivar, pues, esta actividad de la universidad cada vez más reconocida y necesaria?
Dr. Carles Riba, director de CDEI UPC,
En primer lugar, hay que definirla de manera adecuada. Desde la distancia, la visión más generalizada es que la universidad genera conocimiento y luego simplemente lo transfiere. En cambio, los que vivimos el día a día académico sabemos que la forma más fructífera de relación entre la universidad y el tejido social y productivo es la colaboración sobre la base de un contrato en el que cada parte aporta aspectos relevantes: la percepción de las necesidades y del mercado, una buena capacidad para ajustar costes y plazos, por parte de los agentes sociales y las empresas, y elementos para incentivar nuevas soluciones basándose en el continuo profundizar en los fundamentos de las ciencias y el rigor de la búsqueda de nuevo conocimiento, por parte de la universidad. El esfuerzo para establecer un lenguaje y unas formas de cooperación comunes entre estas dos visiones suele dar lugar a una potente sinergia.
Asimismo, esta colaboración también es muy beneficiosa para la universidad: visualiza su función social, obliga a un sentido de realidad (y de modestia) de sus miembros, y proporciona elementos para ajustar las otras dos misiones tradicionales: mejorar la docencia para adaptarla a las necesidades sociales y económicas presentes y futuras, y mejorar la investigación para potenciar el tejido social y productivo.
¿Cómo se puede avanzar, entonces? Reconociendo esta nueva función en el cuerpo legislativo y administrativo de las universidades. Hoy en día, tanto la ley de Universidades de Cataluña (LUC, 2003) como la ley orgánica de Universidad de España (LOU, 2007) y la mayoría de los estatutos de las universidades tratan la colaboración contractual entre universidad-sociedad y empresas de manera marginal y subordinada. Un camino para resolver esta cuestión es, pues, la progresiva modificación de procedimientos administrativos y leyes (empezando por los estatutos de las mismas universidades) a través de un debate sereno y productivo para reconocer, incentivar y hacer efectiva de manera articulada esta nueva función de la universidad.
En este proceso se tienen que resolver y regular numerosos temas como los estatutos y la dedicación de los investigadores que impulsan estas colaboraciones; las formas de contratación y la carrera profesional de las personas vinculadas a los grupos de investigación; los procedimientos de gestión económica y administrativa adecuados; las formas de valoración que tengan en cuenta aspectos específicos de la nueva función, como la viabilidad económica o el impacto social de los proyectos y la confidencialidad, y hacer compatible la nueva función con la docencia y la investigación (justamente para fomentar las sinergias). Asimismo, hay criterios sobre los costes económicos de las colaboraciones promoviendo el regreso a la universidad; la cooperación entre grupos universitarios interdisciplinarios en proyectos complejos y el hecho de evitar abusos o malas prácticas de personas o grupos en las relaciones exteriores de la universidad.
Este es el proceso que habría que poner en marcha para reconocer y potenciar la colaboración universidad-sociedad-empresa con el objetivo de reforzar el papel social de la universidad.
Dr Carles Riba, Director de CDEI UPC, miembro del Centro Tecnológico de la UPC, escrito conjuntamente con 19 directores de Centros UPC
Publicado en La Vanguardia el 13/09/2015